Cuando los doctores llegaron a la vivienda de Gabriel Fernández en Palmdale, Los Ángeles, lo encontraron inconsciente, con el cráneo fracturado, diversas costillas rotas, quemaduras en la piel, mordiscos y perdigones incrustados en la ingle.
Tenía solo ocho años de edad. Los médicos le declararon muerte cerebral ese mismo día. Falleció en el hospital dos días más tarde.
Un jurado popular solicitó la pena de muerte para el novio de la madre del menor, Isauro Aguirre, luego de considerarlo culpable de asesinato en primer grado con agravante de torturas. El niño sufrió un infierno durante los ocho meses que vivió con su madre y el novio de esta antes de fallecer.
Los detalles que han ido apareciendo en el juicio contra Aguirre por asesinato han angustiado a los propios miembros del tribunal, la fiscalía y los investigadores. Los medios locales que cubrieron el juicio advertían a los espectadores de que las imágenes eran muy perturbadoras.
Aguirre, de 37 años de edad, mide casi dos metros de alto, pesa más de 120 kilos y trabajaba como guardia de seguridad. Según el fiscal, disfrutaba pegando brutalmente al menor. Él mismo admitió que le pegaba decenas de veces, mucho más que a sus hermanos. La razón es que creía que era homosexual. Su defensa en ningún momento negó las acusaciones, solo argumentó que la muerte del niño fue accidental, un detalle técnico para intentar evitar la condena a muerte.
Con la complicidad de la madre, Aguirre obligaba al niño Gabriel a dormir dentro de una caja metido en un armario, atado, amordazado y con grilletes en los pies. Lo obligó a comer heces del gato y su propio vómito. El ayudante del fiscal del distrito, Jonathan Hatami, que lideró la acusación en el caso, hizo su alegato final con una foto del cuerpo del niño en la mesa del forense, cubierto de heridas de pies a cabeza.
Según Hatami, el acusado disfrutaba torturando al menor. Meses antes de su muerte “se le privó de comida, recibió patadas y puñetazos, fue insultado, golpeado, humillado y acosado. Le gritaban gay, le sacaban los dientes a golpes. Pasaba cada noche atado en una caja”.
El hermano mayor de Gabriel, Ezequiel, declaró ante el Jurado que investigó el caso que su madre participaba en las palizas y pegaba al menor con la hebilla de un cinturón. A pesar de que había dos camas en la habitación, le obligaban a dormir en una caja.
Cuando hacía sus necesidades en la caja, lo obligaban a limpiarlo. Si él intentaba ayudarle, le pegaban. “Teníamos gatos y una caja de arena y cuando lo castigaban mi mamá le decía que se comiera una excremento”, declaró Ezequiel.
El caso generó un escándalo sobre el funcionamiento de los servicios sociales en el condado. Cuatro trabajadores sociales se enfrentan a un juicio por supuesta negligencia a la hora de detectar e intervenir en el caso. La situación del pequeño Gabriel era evidente para sus profesores, y los servicios sociales no intervinieron.
Están acusados de abusos y se enfrentan a 10 años de cárcel. Se trata de una acusación sin precedentes. Además, dos agentes del sheriff han sido expedientados por no haber hecho nada luego de visitar la vivienda en los meses previos a la muerte del menor.
El jurado emitió el veredicto de culpabilidad contra Aguirre. Según los medios presentes en la sala, no se inmutó al oír la condena. Este miércoles recomendó la pena de muerte luego de la fase de sentencia del juicio. La sentencia definitiva debe ser dictada el próximo mes. La madre de Gabriel, Pearl Fernández, será juzgada por asesinato en un juicio separado. La fiscalía también pide la pena de muerte para ella.
Hay más de 650 condenados a muerte esperando su ejecución en California. El Estado reinstauró la pena de muerte en el año 1974, sin embargo, en la práctica no la aplica desde hace una década. La ultima ejecución se realizó en el año 2006, y el proceso se paró por una denuncia contra el sistema de inyección letal.
El año pasado, los votantes rechazaron por segunda vez en las urnas la abolición de la pena de muerte y en su lugar aprobaron una iniciativa para acelerar los recursos y ejecuciones.
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