Actualmente, no existe una terapéutica intrauterina eficaz para tratar el Síndrome de Down, y algunas personas toman decisiones extremas que atentan con el derecho a la vida.

Los legisladores en Tennessee, EE.UU., decidieron normalizar legalmente la situación a favor de quienes no tienen como defenderse.

A pesar de que un embarazo es algo común, no deja de tener riesgos. En el instante en que ocurre el proceso de división celular, puede haber alteraciones genéticas a nivel cromosómico dando como resultado la trisomía 21 o Síndrome de Down.

Ahora, los avances en la ciencia médica permiten a los padres conocer estudios tempranos del embarazo, como por ejemplo, si el bebé presenta este tipo de trastorno genético. Los estudios les ofrecen una información importante y que seguramente los pone a pensar en cuanto al futuro del nuevo ser.

Algunas legislaciones permiten que, en casos como el antes planteado, los padres puedan tomar la decisión de interrumpir el embarazo; lo cual ocurre con frecuencia. Por eso, han surgido iniciativas para evitarlo.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, propuso un nuevo proyecto de ley que prohíbe la terminación de la gestación cuando ya se hayan detectado latidos en el corazón del feto, alrededor de las seis semanas de embarazo, y lo presentó ante la Asamblea General para su estudio y aprobación.

“Una de las cosas más importantes que podemos hacer para ser profamilia es proteger los derechos de los más vulnerables en nuestro Estado, y no hay nadie más vulnerable que los no nacidos”, dijo Lee.

El proyecto tuvo gran acogida y fue aprobado por el Senado. Su incumplimiento será considerado delito mayor de clase C, y acarrea privación de la libertad por períodos que van de 3 a 15 años y sanciones de hasta 10.000 dólares.

Dentro del nuevo instrumento legal se establece una excepción en el caso de que la vida de la gestante corra peligro, pero no exonera cuando se trata de casos de embarazos producto de una relación no consentida o incesto.

Pero, no todos están contentos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Derechos Reproductivos y el proveedor de salud de la mujer Planned Parenthood sometieron una demanda conjunta ante un tribunal federal en contra del proyecto de ley.

“La aprobación de la Asamblea General de Tennessee de este proyecto de ley peligroso e inconstitucional es inaceptable”, expresó Hedy Weinberg, directora ejecutiva de la ACLU-Tennessee en un comunicado.

Aducen que los políticos no deben decidir qué es lo más conveniente para las féminas, según su criterio son ellas quienes deben tomar el control en cuanto a su salud reproductiva. Opinión que no comparte por cierto The Susan B. Anthony List, uno de los grupos pro defensa de la vida más grandes en USA.

“La nueva ley histórica de Tennessee incluye algunas de las protecciones más fuertes en la nación para los niños no nacidos y sus madres”, afirmó Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo provida.

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